Nuestro país, en reconocimiento al importante problema de salud pública que representa la violencia en contra de mujeres, niñas y niños ha establecido mecanismos jurídicos y programas operativos para la prevención y sanción de dichas prácticas inequitativas que además de violar las garantías individuales de quienes la padecen, reducen la productividad y merman la calidad de vida de la población femenina.
Se han puesto en marcha programas que brindan servicios para evitar y combatir la violencia dentro del hogar. A través de la capacitación a servidores públicos se busca impulsar la atención de calidad a todo acto de violencia en contra de las mujeres para que estos sean investigados y sancionados.